Conservar en mente la meta, sin duda ayuda a enfrentar acertadamente los obstáculos del camino. Una analogía más práctica al respecto, la compartió con el auditorio un destacado empresario colombiano en una conferencia a la que asistí hace unos años. El decía: "Si usted quiere aprender a esquiar en el agua, el secreto está en mirar a la lancha y no a sus pies".
El sector minero energético colombiano ha venido incrementando su protagonismo en los últimos años, a tal punto que de acuerdo con Planeación Nacional "(...) se ha convertido en eje del desarrollo económico del país. Las exportaciones de petróleo y sus derivados, de carbón, níquel y otros minerales y, desde el año anterior, de energía eléctrica, ubicaron a este sector como líder en exportaciones, desplazando sectores tan importantes como el agrícola y el de exportaciones no tradicionales industriales. La participación del sector minero energético en las exportaciones totales del país pasó de 20% en 1994, a 47% en 2005. Así mismo, su contribución a la generación del PIB se ha incrementado, pasando de 6% en 1994 a 7,3% en el tercer trimestre de 2005 (...)"[1].
Gracias a esta relevancia, en el país hemos avanzado en la definición de una visión de futuro para este sector, la cual se encuentra plasmada en diferentes documentos de política elaborados por el mismo Gobierno y en el marco normativo desarrollado por el Congreso de la República desde la expedición de la Constitución de 1991. En términos generales, el país le apostó a un esquema de competencia y desarrollo gradual hacia mercados abiertos de energía, con una participación activa del capital privado y un rol de regulación, control y vigilancia por parte del Estado. Se implementó un ordenamiento institucional que sirviera de soporte para atraer la inversión necesaria para asegurar la oferta energética requerida por el país y que a su vez, adoptara las reglas de juego que protegieran los intereses de los consumidores. El esquema ha permitido enfrentar dos fenómenos de “El Niño” (1997-1998 y 2006-2007) sin necesidad de racionamientos.
Sin embargo, con el inicio de un nuevo fenómeno de “El Niño” durante este año, y por razones que prefiero no entrar a discutir, solamente se evidencia la falta de coherencia en el actuar del Gobierno con las políticas de largo plazo, llevándonos a quedar enredados mirándonos los pies, cuando deberíamos estar mirando la lancha.
Con la evolución de “El Niño” se han reducido los aportes hidrológicos y por lo tanto se ha incrementado la generación térmica inducida por los mayores precios del mercado, que reacciona en forma casi automática para dar una señal de ahorro del agua para el futuro. El incremento de la operación térmica aumentó el consumo de gas natural de este sector que empezó a utilizar el gas que tenía contratado y que tiene mayor prioridad que el gas que tenían contratado algunas industrias y estaciones de servicio que proveen este combustible a los vehículos.
Con el inicio de las interrupciones en el suministro de gas a estos consumidores que siempre estuvieron expuestos a una contratación sin garantía de entrega, el Gobierno improvisó medidas que buscaron mejorarle las condiciones a estos contratos. Las medidas terminaron por sustituir los acuerdos contractuales y cubrir la responsabilidad de aquellos agentes que no les informaron a sus clientes con la debida antelación las condiciones del servicio que les estaban vendiendo. En un mercado, los agentes deben ser responsables por sus decisiones y si existe un Gobierno que los salve en el camino, se eliminan los incentivos a comportarse correctamente.
Se expidieron otras medidas que terminaron por intervenir el funcionamiento del mercado eléctrico y anulando una buena parte de las señales económicas que generan los precios en un mercado. En este proceso, el gobierno en cabeza del Ministerio de Minas y Energía viene atentando contra la independencia técnica del regulador, emitiendo normas que no tienen un sustento técnico fuerte, que no se someten al mismo proceso de consulta y que abarcan aspectos del resorte de la CREG.
Así mismo, el proceso de privatización de ISAGEN también ha servido de escenario para que el Gobierno confirme lo alejado que se encuentra su actuar de la política energética existente. El gobierno insiste en abrir el camino para que EPM se quede con ISAGEN, pasando a como dé lugar por encima de las reglas creadas por la CREG para defender la competencia. La promoción de la competencia debe ser la estrategia para captar el interés del capital privado en este país y en especial en este sector.
Pero no solo el Gobierno quiere hacer a un lado el norte que se ha definido para el sector. Los columnistas de opinión se han dedicado a descalificar todo el esquema de la Ley 142, y en el caso del gas natural sin un entendimiento completo de dicho mercado. Por su parte, el administrador del mercado eléctrico viene insistiendo cada vez más en operar el mercado del gas natural en la misma forma que operan el eléctrico y, desafortunadamente, el Gobierno le ha dado trámite a los intereses de este agente que de acuerdo a su concepción debiera ser neutral en el mercado. No es posible comparar el gas natural con la electricidad sin tener en cuenta las características que hacen tan diferentes a estos dos mercados.
Parece ser entonces que en algún momento perdimos de vista la perspectiva de futuro que hemos venido construyendo desde 1994 para el sector energético y lo más preocupante es que todas las medidas recientes afectan directamente la estabilidad de las reglas de juego y por ende el interés del capital privado en este sector. A largo plazo, será el consumidor el mayor afectado ya que el servicio más costoso sin duda es aquel que no se tiene. Nosotros mismos podemos dar cuenta de ello por nuestra experiencia en 1992 y si de pronto ya perdimos la memoria, solo tenemos que mirar a nuestros vecinos en la actualidad.
[1] 2019 Visión Colombia II Centenario “Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo”. Departamento Nacional de Planeación. 2006.
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