Han pasado 15 años desde la aparición de la Ley de servicios públicos que introdujo elementos de mercado a la prestación de servicios como la electricidad y el gas combustible, con el convencimiento de los beneficios que traerían para la economía en general. Entre ellos, podemos encontrar por ejemplo que los mercados promueven naturalmente la utilización eficiente de los diferentes recursos disponibles en una economía.
Después de transcurrido este tiempo, todavía persisten las presiones por parte de algunos sectores para que sea el Gobierno quien dirija las decisiones en estos mercados, sin importarles los efectos que esto pueda generar sobre las reglas que desde hace 15 años viene diseñando un ente regulador que tiene la tarea de generar el ambiente para que los mercados operen eficientemente.
Sin duda los momentos críticos como los que se viven en la actualidad con el suministro del gas natural son más propicios a este tipo de presiones, sobre todo cuando algunos consumidores ven como les suspenden de un día para otro el servicio. La situación de desabastecimiento a los taxis empieza a volverse un problema de orden público, el Gobierno habla de intervención y con toda la polémica se llega al extremo de poner en duda la sostenibilidad del esquema y algunos incluso se preocupan por la atención de la demanda eléctrica, motivados en el miedo a que se repita un racionamiento como el que enfrentó el país a principios de los 90.
Desafortunadamente, este proceso no genera nada productivo y por el contrario si siembra un manto de dudas sobre los beneficios que puede generar un ambiente de mercado abierto. Es necesario aclarar que la intención no es afirmar que el mercado actual opera a la perfección, esto es imposible incluso en los mercados más desarrollados, pero el llamado si es a que el país interiorice el esquema bajo el cual vienen operando la electricidad y el gas combustible desde hace 15 años y le apueste a mejorarlo día a día a través del fortalecimiento de la regulación económica y sin intervenciones improvisadas.
En una economía de mercado, el sistema de precios es el que permite que se asignen eficientemente los recursos, y en el caso de la electricidad, ante una escasez esperada del recurso más abundante para generación (el agua en el caso colombiano), es natural que los precios se incrementen como una señal para que se utilicen otros recursos en la producción de electricidad. De esta manera el mercado reduce la utilización del agua hoy para guardarla para el futuro. El esquema ha superado ya varios fenómenos de El Niño y no se ha vuelto a presentar un racionamiento, lo que comprueba que se debe defender y fortalecer antes de alterarlo con intervenciones coyunturales. La historia ha demostrado que la planificación centralizada de la economía no tiene la capacidad para replicar lo que hace día a día un mercado en el cual participan cientos de agentes tomando decisiones racionales.
La mayor utilización del gas para generación eléctrica ha generado interrupciones en el suministro de este combustible a las estaciones de servicio y a las industrias, sin embargo no se puede culpar por ello ni a los generadores térmicos ni al mercado eléctrico. Intervenir para reducir la generación a gas sería una medida motivada por la coyuntura y fundamentada en un diagnóstico errado que tendría efectos negativos en el largo plazo. Antes de plantear soluciones es necesario analizar la situación con cabeza fría.
Los generadores térmicos tienen sus contratos de suministro que les aseguran el gas que requieren para su operación lo cual es apenas racional en un mercado. Por supuesto, cuando hay suficiente agua para generar la electricidad que requiere el país, este gas queda disponible para la venta y efectivamente ha sido así como algunas industrias y estaciones de servicio han adquirido el gas, sin embargo estas ventas no eliminan la prioridad que tienen los generadores térmicos que compraron primero el gas, por lo que es evidente que las industrias y estaciones de servicio que compraron el gas en estas condiciones no tienen, y mucho menos podrían exigir, un suministro continuo que no contrataron.
Si bien es una realidad que una parte del crecimiento de la demanda de gas de los últimos años se ha soportado en un suministro que puede ser interrumpido, esto no constituye una imperfección del mercado entre otras porque aquellos que aceptaron un gas sin garantía de continuidad tienen la posibilidad de utilizar otro combustible. Evidentemente, lo ideal sería que hubiera crecido la capacidad de producción de gas natural en la misma proporción que la demanda, sin embargo esto solo lo determinan las posibilidades geológicas de un país y no depende ni del mercado, ni de sus agentes y mucho menos del Gobierno.
Sería desafortunada una intervención del Gobierno en este momento de presión por parte de la opinión pública para tratar de otorgarles el derecho a la continuidad del suministro de gas a unos consumidores que por la vía de los contratos no lo tienen. La situación debe aprovecharse para fortalecer el mercado y la forma de hacerlo es dejando que los agentes asuman la responsabilidad de las decisiones que tomaron libremente. Para nadie era un secreto el riesgo de estos contratos y por lo tanto debieron cubrir la eventualidad de la interrupción del suministro, sin embargo a menos que el Gobierno promueva la responsabilidad, seguirá recibiendo presiones para que intervenga los mercados.
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